OTRO IMPUESTO MAS PARA LOS MEXICANOS.

OTRO IMPUESTO MÁS PARA LOS MEXICANOS.

Aparte de los múltiples impuestos que están obligados a pagar los mexicanos cumplidos, rehenes de la ineficiente función de los titulares que han pasado y el actual de La Secretaría de Hacienda, que por sexenios han sido incapaces y corruptos para meter al orden a los integrantes de la “economía informal” y a los grandes evasores fiscales, apoyados por un buen número de corporativos contables y contadores públicos independientes, muy corruptos también, quienes en el mejor de los casos les recomiendan declarar menos de lo que deben, sino es que evadan totalmente el pago de sus impuestos correspondientes.

Esto ha llevado a que la economía formal, constantemente se vea presionada y reducida hasta la casi desaparición, por el incremento y variedad de los impuestos que es obligada a pagar, en detrimento de la productividad y por ende de la economía nacional.

La corrupta y muy conveniente ignorancia de estos carísimos e inútiles funcionarios, no les ha permitido entender y reconocer lo que lo que sus similares hacendarios de otros países han puesto en práctica. Reducir los engorrosos trámites y los tiempos para que surjan nuevas empresas y bajar las tasas impositivas para estimular la creación de empleos y aumentar la producción de insumos, de productos alimenticios, de artículos varios, de servicios, etc.

El principal destino de los impuestos que los mexicanos aportan a los tres niveles de gobierno, es el que obligadamente éstos gobiernos deben aplicar a garantizar la seguridad a la integridad física y los bienes de sus “gobernados”. Sin embargo y de acuerdo al contenido en el Segundo Informe de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en el rubro de seguridad pública, de los siete mil novecientos dos millones de pesos autorizados y asignados como presupuesto para garantizarla, por las diferentes instituciones de procuración de justicia y de seguridad, hasta el fin del semestre pasado, solo se ha ejercido menos del diez por ciento.

Buena parte de este diez por ciento de tan elevado presupuesto, se ha destinado para la construcción del elefante blanco y cueva de Ali Baba, el Centro de Mando Nacional de la Policía Federal Preventiva, que presuntamente cuenta con una impresionante tecnología de punta, que con gran tramoya le fue presentado como un megaproyecto en meses pasados al ingenuo de Felipe Calderón, por su “protegido” y multi denunciado como ineficaz y corrupto Genaro García Luna. ¿Qué le sabe Genaro García Luna a Felipe Calderón, para que lo proteja de esa manera?


Se especula que la razón de no gastar el noventa por ciento de estos millones de pesos no ejercidos hasta ahora en seguridad pública, es para soportar el gasto que implicará la intentona de que los panistas obtengan la mayoría de representas en ambas cámaras legislativas, que le permita a Felipe Calderón “mayoritear”, gobernar a su antojo y hacer realidad las reformas legislativas sin oposición, sean benéficas o no, para México y sus habitantes.

Mientras que su principal obligación, garantizar la seguridad pública, no obstante las presiones que le generó la pasada marcha de cientos de miles de mexicanos agobiados por la inseguridad que priva en todo el país, y los setenta y cuatro compromisos surgidos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se vayan al drenaje.

Por lo pronto, el bisoño secretario de gobernación, quien fue entrevistado al final del Tercer Informe de Gobierno del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ya se quitó la barra, al declarar que al término de los cien días de haberse llevado a cabo el Consejo Nacional de Seguridad Público (en el que se les exigió que “si no podían con el paquete que renunciaran”), no habría que esperar resultados espectaculares, que esos cien días serán solo para evaluar el avance de los compromisos adquiridos.

En tanto la presidenta de México Unido Contra la Delincuencia y defensora de oficio de Genaro García Luna (patrón de su hijo), María Elena Morera, en otro de sus inmorales y protagónicos actos, está pidiendo la pena de muerte para los asesinos y secuestradores, amenazando, más bien simulando, con llevar a cabo un marcaje para las autoridades que no cumplan con su responsabilidad, pero argumentando que no debe de exigirse la renuncia de quienes no cumplan con su obligación, porque pudiera prestarse para llevar a cabo linchamientos políticos.

En primer lugar. ¿A quién diablos se les va a aplicar esta pena mortal?, cuando si por casualidad algunos (as) de estos delincuentes son aprehendidos, no falta un juececillo incapaz o corrupto, que determine que no existen elementos suficientes para sentenciarlo y enviarlos a prisión o al cadalso.

Estas complicidades, acciones o inacciones, negligentes, corruptas, de parte de los responsables de garantizar la seguridad pública en el país, el Presidente de de la República, el Secretario de Gobernación, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Seguridad Pública Federal, el Procurador General de la República, los gobernadores de los estados, los procuradores estatales, los presidentes municipales y los jefes policíacos, tanto estatales como municipales, han ocasionado un peligroso vacio, no solo en la inseguridad pública, sino en la seguridad nacional, que muy efectiva y eficientemente esta siendo llenado por la delincuencia organizada.

Los diferentes y poderosos miembros de los cárteles, incluso delincuentes de barrio, en varias ciudades del país están cobrando un elevado “impuesto mensual” a los pequeños y medianos comerciantes para protegerlos de ellos mismos. Amenazándolos con privarlos de la vida a ellos y a sus familias. Mientras que los grandes empresarios, a pesar de pagar elevados costos en guaruras, carros blindados, etc., han resultado víctimas en sus personas o sus familias de secuestros o asesinatos. Es decir, hay que pagar dobles o mayores impuestos y aún así, la seguridad no llega.

Considero que no está lejano el día, en el que los ciudadanos hartos de esta inseguridad y violencia de que son víctimas, se decidan a “mandar al diablos las instituciones”, se armen para defenderse por sí solos de los delincuentes, con placa o sin ella; no obstante los riesgos que esto les representaría al no comprobar la legítima defensa e ir a la cárcel, ya que las muy publicitadas y sospechosas recomendaciones de las autoridades de no oponer resistencia cuando enfrenten un robo, un asalto o un crimen. Es decir, que sumisamente acepten lo que los delincuentes quieran hacer con ellos y sus bienes.

Ciudad Juárez, Chihuahua. Septiembre 6 del 2008. José Luís Elías García.